Este artículo pretende aportar algunas reflexiones sobre las “Ordenanzas Municipales…” que, con diferentes nombres, buscan regular aspectos relacionados con la convivencia ciudadana y otros. Parte para ello del proyecto elaborado para Cáceres por el Ayuntamiento de esta ciudad. Proyecto que, entendemos, no es un fenómeno que convenga analizar de manera aislada.

Esta ideas surgen del debate grupal que los hombres y mujeres de diferentes colectivos y asociaciones, organizados en la “Coordinadora por la Libertad de Expresión, hemos llevado a cabo en el marco de la campaña contra la Ordenanza.

La “Ordenanza Municipal reguladora de la convivencia y de la protección del entorno urbano”, el Ayuntamiento de Cáceres aglutina en un solo texto una serie de medidas (sobre el ruido, la limpieza, la protección del patrimonio, residuo sólidos, vertido de escombros, etc) regulados con anterioridad, muchos de las cuales han pasado desapercibidos con frecuencia en lo que a su cumplimiento se refiere. Hasta aquí, quizá, no habría mucho que decir, excepto preguntarse qué sentido tiene volver a ordenar lo ya ordenado.

Ocurre que, de rondón, se han colado una serie de artículos que consideramos lesivos de derechos ciudadanos.

Los ejemplos de conculcación de esos derechos son variados. Baste, como muestra, algunos de los más significativos. Es el caso de los Art. 10, 11 y 12 en los que se prohíben todo tipo de pintadas, inscripciones… grafismos; rótulos… pegatinas y papeles pegados… sobre cualquier bien, instalación o lugar público o privado que, previamente, en el Art. 2 y el 10 se detallan con profusión obsesiva. Se prohíbe también el reparto de octavillas, folletos o similares de propaganda e información… colocación de carteles y pancartas…. Todo ello “sin la previa autorización municipal”.

Por otra parte, en relación con la “Responsabilidad” por las infracciones, además de referencias específicas en el articulado, existe un artículo general, el Art. 31, en cuyo apartado 3, se cita como responsables no sólo a quien individualmente cometa la infracción si no que lo serán también “las personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga el deber de prevenir las infracciones…”

Por si ejemplos como los anteriores fueran poco, en el Art. 14 se exige el pago de una fianza previa a la realización de “actividades de concurrencia pública… dentro del recinto o espacio autorizado…”

Mención a parte merecería cuestiones como la conversión de cualquier comerciante ido ciudadano en vigilante ido delator de los infractores (Art. 15 y 39) o la cuantía desorbitada de las multas (Titulo III) en el país europeo con mayor nivel de empleo precario y en una de las regiones con más paro de todo el Estado.

Estos, junto algunos otros artículos, configuran el núcleo duro del Proyecto.

La idea que tenían en un principio era aprobarlo durante las vacaciones de navidad del 2005.

La “Coordinadora por la Libertad de Expresión” se crea con el objetivo de hacer frente a la Ordenanza, en primer lugar dando a conocer su contenido por medio de diferentes acciones en la calle, reuniones abiertas, asambleas públicas y mediante artículos y cartas al director en uno de los periódicos locales.

Hemos pretendido con ello compensar la opacidad informativa del Ayuntamiento y provocar un debate en la opinión pública, a la vez que exponer nuestro punto de vista contrario al proyecto, el cual, si bien puede afectar a todos los ciudadanos y ciudadanas, representa una mordaza especialmente dañina para los pequeños colectivos y organizaciones que verían limitados sus ya de por sí escasas posibilidades de expresión. Colectivos y asociaciones que, por pertenecer al campo del “pensamiento crítico”, de facto se convertirán en los destinatarios principales de la Ordenanza.

Breve resumen de una lucha

En la oposición que la “Coordinadora por la Libertad de Expresión” de Cáceres viene llevando a cabo, extraemos algunas conclusiones.

Hay que empezar por decir que no está siendo una lucha fácil. Fenómenos como el “botellón” y costumbres festivas similares, han pendido de continuo determinando actitudes cuando menos de pasividad ante nuestros planeamientos. Tampoco nos ayuda nada la propia complejidad de la Ordenanza, al integrar en un texto artículos que podrían ser aceptables con otros verdaderamente inquietantes. Así y todo, hemos obtenido algún fruto.

Se ha logrado romper la opacidad haciendo que se hable del asunto. Conseguir este logro no es poco en un Ayuntamiento gobernado por el PP y para un proyecto que también sostiene el PSOE.

No obstante, el trabajo llevado a cabo por la Coordinadora en este tema en concreto, coyunturas específicas locales, como el encadenamiento de otros conflictos y luchas que, a nivel regional y local, han supuesto un despunte interesante de los movimientos sociales y, sin duda, la relativa cercanía de las elecciones municipales, han permitido que, en sucesivas revisiones hayamos podido modificar algunos de los artículos. El resultado, sin embargo no es positivo pues, finalmente, se mantiene lo que venimos considerando como el núcleo duro.

Sería demasiado complejo analizar aquí las causas, pero está claro que una lucha como esta, minoritaria, al alargarse tanto en el tiempo ( factor que las Administraciones son expertas en gestionar cuando de dilatar se trata) y no ser la única que los colectivos llevamos adelante, ha adolecido (adolece) de falta de ritmo, de manera que se ha hecho muy complicado mantener la tensión necesaria a lo largo de los meses, lo que no es excusa para reconocer, que, en el tramo final, la movilización y la contrainformación, nuestras armas, decrecieron de forma notable. Además, caímos en la ingenuidad de creer que las correcciones que el Ayuntamiento aceptó en su momento, en las tres comisiones en las que se trató el tema y que anulaban los aspectos más autoritarios, se aprobarían en el Pleno. No ha ocurrido así.

Desde el punto de vista de nuestra práctica interna, la pluralidad, la apertura a cualquiera que compartiera la motivación central de oposición al Proyecto, hizo posible que tuviéramos la flexibilidad necesaria para compaginar radicalidad y pragmatismo y acertar con el tono que a la vez que nos posibilitaba concertar apoyos, no generaba excesivo rechazo en sectores sociales contrarios.

En la lucha contra la Ordenanza, por otra parte, ha sido importante el hecho de que personas y grupos procedentes de diferentes culturas políticas debatiéramos abiertamente sobre su contenido, definiéramos objetivos, acordáramos estrategias, compartiéramos tareas. La complicidad que hemos establecido a lo largo de estos meses, es el logro más importante de cara al futuro.

Más allá de las particularidades de este conflicto local, pensamos que la Ordenanza trasciende ese ámbito. Por un lado, sigue la estela de las aprobadas en otras ciudades: Valladolid (de la que Cáceres es un calco) Barcelona, Madrid… y las que se vayan apuntando. Por el otro, todas tienen lugar en un contexto político de organización del Estado en el cual el poder municipal va tomando cada vez un mayor protagonismo (en relación con las demás administraciones) en la atención integral (?) de las necesidades de los habitantes de las ciudades.

Ordenanzas y Globalización

¿Cabría situar a la Ordenanza (las Ordenanzas), con la ración de “seguridad” y “orden” de la que se acompaña, en la órbita de la “Globalización”?.

Pensamos que, sin ser una consecuencia directa, los rasgos más restrictivos en lo que respecta a derechos y libertades y el discurso conceptual de fondo, permitirían establecer esa relación. Este conjunto ordenancista vendría a situarse, objetivamente, en la vertiente municipal del entramado de respuestas con las que los diversos poderes intentan gestionar las consecuencias negativas que el fenómeno de la “Globalización” provoca en muchos sectores sociales.

M. Vázquez Montalbán solía hablar de “globalizadores / globalizados”. La expresión, que podría parecer simplista, probablemente tiene la virtud de resumir, con ironía, la esencia de las relaciones económicas en el capitalismo actual. Pero, sobre todo, puede evidenciar bien lo que sucede en relación con la creación de códigos de cultura y transmisión de valores. ¿Podría ser en esta vertiente en la que, sin entrar en la parte económica (otra vía de financiación para los Ayuntamientos), las Ordenanzas cumplieran su función?

Situadas en ese marco, convendría reseñar, con mucha brevedad, algunas esferas en las que se reflejan los efectos que el Capitalismo ha producido, y los que, en su forma actual, la Globalización, continua produciendo. Los ámbitos de análisis serían numerosos. Se selecciona la esfera del Trabajo por razones obvias. En cuanto a la Enseñanza, continua siendo (junto a la generalización de los medios audiovisuales) un factor central en la configuración de las sociedades y en la generación de ideología.

Estos aspectos y alguna otra referencia pueden ayudar a situar el contexto en el que surgen las Ordenanzas.

En lo que atañe al mundo del Trabajo, hace décadas que el movimiento obrero está en retroceso y dividido. El presente se caracteriza por la flexibilización, la precariedad, las deslocalizaciones… componentes de la llamada Globalización que, en paralelo, se acompaña de beneficios de escándalo para las grandes compañías y los bancos, la extensión de paraísos fiscales, etc.

Es constatable, así mismo, cómo ha ido desapareciendo la vieja Cultura Obrera, en la misma medida en que iba languideciendo el eje que la sostenía, el “Apoyo Mutuo”. No es este el lugar para analizar las causas pero hay un aspecto, al menos, que no podemos obviar: los nuevos modelos y prácticas sindicales, se han visto incapaces para combinar el sindicalismo combativo con un sindicalismo (necesario) de servicios. En nombre de la “ética de la responsabilidad” (“concertación”, “consenso”) han dejado de lado la “ética de las convicciones”. Y, en paralelo al discurso de la “modernización”, han interiorizado la “competitividad” como valor.

Si nos queda “el optimismo de la voluntad” es por ese archipiélago que van tejiendo los múltiples y variados focos de resistencia que, de forma organizada y/o dispersa, intentan responder a los nuevos modos de producción-explotación y a la dictadura del mercado.

En el terreno de la Educación, la Escuela Pública ( que en nuestro país tiene una historia particular), aún está por dar con las respuestas adecuadas a las necesidades de una sociedad cada vez más compleja. Hacia ella se dirigen una parte importante de las demandas, buscando fórmulas que las familias y otras instituciones o han perdido o las que tienen ya no les sirven, olvidando que la Escuela es parte de esa sociedad en crisis. Las expectativas no cumplidas se convierten en frustración y en escasa valoración social. Así que, lo que debería ser un espacio para la convivencia y el conocimiento, en el que se sentaran las bases de una ciudadanía crítica, resulta ser, en general, y con numerosos conflictos, un lugar donde se va a estudiar y a tener “recogidos” a nuestros hijos e hijas.

Las reformas recientes y las adaptaciones que se están elaborando (Proyecto Bolonia) buscan integrar todos los planes de estudios a nivel europeo. El cuestionamiento que se hace desde los sectores más críticos se fundamenta en la convicción de que, congruente con el modelo actual de Europa, se pretende adaptar las Enseñanzas a las nuevas exigencias del mercado.

Visto desde esta perspectiva, la Ciudad se convierte en el espacio-tiempo social por excelencia, en el que las personas podrían establecer relaciones autónomas y libres. Espacio de espacios, físico y simbólico, en la Ciudad convergen todas las luchas emancipatorias. De algún modo se podría decir que, expulsados hace décadas del espacio“Fábrica” y con la “Escuela” buscándose a sí misma, nos quedaría la “Ciudad” como trama de posibilidades de comunicación y expresión, de acuerdos y conflictos, de diálogo y de antagonismos. Las Ordenanzas, actuando como cortafuegos, tenderían a cortocircuitar la expresión de esas energías.

Nuestras ciudades son, cada vez más, un todo extremadamente variado, siempre cambiante, con frecuencia caótico, que requiere continuas adaptaciones entre sus habitantes y en la interacción Administración – ciudadan@s. En ellas confluyen los vectores y fuerzas del conjunto “trabajo, educación, y ocio” que llevan la marca de la Globalización. Esa marca se caracteriza por la manipulación de las necesidades y el refuerzo de estereotipos, promoviendo la uniformidad y la atomización social.

Sobre esa base, la identidad de las personas y los grupos se construye en una dirección de más consumidor / menos ciudadano, menos sujeto crítico y responsable.

Conocemos las dificultades con las que los Ayuntamientos se enfrentan para atender el día a día de los municipios: urbanismo, medio ambiente, servicios públicos, cultura, juventud… Nos repiten que, a esa escala, sólo existen soluciones técnicas, “profesionales”. Pero sabemos que entran en juego opciones sociales y políticas; opciones, también, ideológicas. Y es en ese aspecto en el que nos parece que las Ordenanzas cumplirían, más allá de lo estrictamente represivo, su papel central.

En última instancia, se puede decir que las Ordenanzas nos confrontan con un modelo de ciudad que, ante el binomio seguridad – libertad, priorizan la seguridad.

No se puede obviar cuánto ha influido en la necesidad global de la seguridad, el factor de los atentados terroristas de los últimos años. No es el único elemento determinante. Existen otros fenómenos delictivos a diferente escala y de envergadura diversa; fenómenos cercanos y ligados a la experiencia cotidiana de la gente de los que no vamos a tratar aquí pero que, sin duda, contribuyen a engrosar las experiencias de inseguridad. Lo anterior no nos impide destacar el shock colectivo que, en algunos casos, el terrorismo ha ocasionado. Y aún menos el nivel de sufrimiento que ha supuesto para las víctimas; en especial para ellas. Pero no es menos cierto que, siendo un motivo, es también la excusa por la que los Estados, sobre todo algunos Estados y sus gobiernos, han creado verdaderos arsenales legislativos.

Al amparo de esa realidad, convenientemente adobado por campañas diarias y masivas de comunicación, el miedo se acaba haciendo difuso para pasar a convertirse en “miedo al otro”. La consecuencia inmediata es que, a la sombra de la vigilancia contraterrorista, otras esferas de la vida civil, de la libertades, pueden verse amenazadas, mientras que la inercia del miedo ( y la pasividad) impide responder al autoritarismo de los Estados en cualquiera de los niveles que lo conforman.

¿No cabe interpretar así, por ejemplo, el “proyecto de ley contra el gamberrismo” que, impulsado por Tony Blair, entró en vigor mientras se discutía la nueva Ley de Prevención del Terrorismo en Inglaterra ?.

Se dirá que ese no es el caso del 11-M en España. Al contrario, después del atentado, el PP fue expulsado del poder. Cierto. Pero, curiosamente, pocos meses después de las concentraciones en torno a sus sedes, durante la noche de la llamada “jornada de reflexión”, se aprueba en Valladolid la primera “Ordenanza municipal…” ¿Es una casualidad?.

Si este análisis resulta acertado, bien podríamos extraer la conclusión de que las “Ordenanzas…” que se han aprobado en nuestras ciudades, son un instrumento de CONTROL SOCIAL .

A vueltas con el Consenso

Uno de los efectos más interesantes que el trabajo de estos meses ha producido ha sido que, periódicamente, el Ayuntamiento tuviera que salir a la palestra a dar explicaciones. Seguimos en ello y confiamos que, al retomar la movilización con la presencia de la Coordinadora en la calle, sigamos forzando esas comparecencias. Pero interesa que nos detengamos un momento en lo acontecido. En una de esas intervenciones, tras anunciar los (primeros) cambios, el concejal se sintió obligado a añadir, que ellos no habían “consensuado” nada con la Coordinadora. Queremos resaltar este hecho porque: 1) qué pudo motivar esa necesidad de justificación; 2) qué término empleó y 3) qué sentido podía tener su uso, son cuestiones que pueden dar pistas sobre una forma (extendida) de entender la política y por dónde pueden ir las alternativas.

1) A la primera cuestión se podría responder que lo que motivó la justificación de la autoridad es el tener que verse obligada a oír a un grupo de ciudadanos en la comisión correspondiente, en la que defendimos nuestros planteamientos. Importa resaltar el apoyo del único concejal de IU y que, previamente, la Coordinadora se pudo reunir con él y con el PSOE. Ese es el hecho: un grupo de ciudadanos decide utilizar los mecanismos existente para ser escuchados, libremente y sin posturas pactadas.

2) Para tapar esa evidencia, y por si no quedaba claro que no había habido negociaciones, nada mejor que utilizar la palabra tótem por excelencia de nuestros políticos: el “Consenso”. “No hemos consensuado nada con ellos” resulta, así, un modo de auto investirse de credibilidad.

3) La otra función que cumple el empleo de la palabra fetiche es devaluar aquella reunión y desvalorizar a la Coordinadora. Parece como si lo que estuviera en juego fuera la REPRESENTACIÓN. ¿O la representación (política) entendida como un coto?.

A veces pequeñas luchas tienen la virtud de poner el dedo en la llaga: Les preocupa la PARTICIPACIÓN. Formas de participación que no puedan instrumentalizar. Se diría que la demanda de más democracia es percibida por el poder como una amenaza. Si esto es así, ¿no será porque la política se ha convertido en una forma de oligarquía?.

Deberían tranquilizarse. Abrir sendas para una “democracia participativa” no debería suponer ningún riesgo para la “democracia representativa”. El resultado es más democracia. Son las concepciones y los hábitos endogámicos lo que contribuye a su deterioro.