Ecologistas en Acción Extremadura reitera su firme rechazo al Tren de Alta Velocidad y anima a la sociedad civil extremeña a organizarse y exigir no sólo la continuidad de la vía actual Madrid-Badajoz, sino también la reapertura de la línea Ruta de la Plata antes de 2013.

Ante las intenciones del Ministerio de Fomento de desmantelar en el futuro la actual línea de tren en el tramo Cáceres-Talayuela y sustituirla por la futura línea del AVE Madrid-Lisboa, Ecologistas en Acción Extremadura reitera su firme rechazo al Tren de Alta Velocidad y anima a la sociedad civil extremeña a organizarse y exigir no sólo la continuidad de la vía actual Madrid-Badajoz, sino también la reapertura de la línea Ruta de la Plata antes de 2013.

Ecologistas en Acción considera arbitraria y sorprendente la decisión del Ministerio de Fomento, mantenida oculta hasta hace unos días, y hecha pública únicamente a través de la Declaración de Impacto Ambiental del tramo del AVE Cáceres-Talayuela. La organización ecologista no tiene duda de que, una vez más, en otro tramo del AVE, la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental ha subestimado conscientemente los costes ecológicos para llevar a cabo, al precio que sea, la puesta en funcionamiento del Tren de Alta Velocidad, considerado erróneamente un símbolo de progreso económico y del bienestar social.

En este contexto, Ecologistas en Acción Extremadura asegura que peligra seriamente la continuidad de otros tramos de la actual línea de tren Madrid-Badajoz, ya que en 2005, con ocasión de la elaboración del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT), el Ministerio manifestó su propósito de dejar sin servicio el tramo de la actual línea férrea entre Mérida y Cáceres, una vez que el AVE entrara en funcionamiento. Además, manifiestan que la apertura de todas las líneas de AVE en el país ha supuesto la pérdida de trenes en las líneas convencionales preexistentes. Asimismo, los ecologistas lamentan profundamente que mientras Fomento, la Junta de Extremadura y otros partidarios del AVE pretenden a toda costa que éste entre en funcionamiento en 2010, casi todos parecen ignorar que el vigente Convenio 2005-2009 para la mejora de la Red Ferroviaria Interior de Extremadura, suscrito por la Junta de Extremadura con ADIF y el Ministerio de Fomento expira el 31 de diciembre de 2009 y tiene un presupuesto irrisorio e inapreciable en comparación con el destinado al AVE. La mejora de ese Convenio y la continuidad de todas las líneas de tren actuales de Extremadura debería ser una prioridad para ayudar a conseguir un modelo de transporte sostenible en Extremadura.

Ecologistas en Acción Extremadura se reafirma aún más en la certeza de que la apuesta por el AVE, especialmente si conlleva el futuro desmantelamiento o la subsistencia precaria de los tramos extremeños de la línea Madrid-Badajoz, un gravísimo error con desastrosas consecuencias económicas, ambientales y sociales, debido al coste de oportunidad que supone la elevada inversión de fondos públicos, el enorme consumo energético, el significativo deterioro ecológico, o la discriminación social originada por la expulsión al transporte por carretera de los usuarios del tren con menos poder adquisitivo.

Ante esta situación, exigen a la Junta y al Gobierno central transparencia en este asunto, para que aclaren de modo definitivo cuál será su posición respecto al futuro de la actual línea Madrid-Badajoz. Igualmente, demandan un Plan de Transporte sostenible que se adapte a las necesidades reales de una población dispersa en un territorio muy extenso y no promuevan el despoblamiento y la exclusión social de las poblaciones rurales, suprimiendo estaciones de tren.

De igual modo, proponen un Plan Interadministrativo Especial para la reapertura antes de 2013 de la irrenunciable línea estratégica Ruta de la Plata a trenes de mercancías y viajeros, señalando que dicha línea sería rentable ambiental, social y económicamente, teniendo en cuenta que produciría una reducción de la siniestralidad en autovías y carreteras, que no habría que invertir recursos económicos en expropiaciones de terrenos y que los compromisos internacionales que adquiera el Estado en la lucha contra el cambio climático obligarán a una reducción significativa de los gases de efecto invernadero.

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