Rafael Escudero Alday

Miércoles 2 de febrero de 2011, por Revista Pueblos

Vista la reacción internacional a las declaraciones de intenciones del gobierno israelí sobre los acuerdos de paz, no cabe duda de que este está en la “buena y correcta dirección”, sí, pero para fijar de nuevo las reglas de una futura negociación con la población palestina. Los dirigentes israelíes buscan determinar el marco negociador, de manera que éste no venga delimitado por las exigencias de respeto al Derecho Internacional.

Dos son las características que presiden la forma en la que Israel entiende su relación con la población palestina y el futuro de un proceso de paz que habría de conducir, de acuerdo con el Derecho Internacional, al establecimiento de un Estado palestino: la impunidad y la unilateralidad. En cuanto a la primera, baste tan sólo con reseñar la nula respuesta que tienen en Israel y en la comunidad internacional los ataques a la franja de Gaza, el aumento de los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, la intensificación de la ocupación o el asalto a la llamada Flotilla de la Libertad en aguas internacionales, entre otros ejemplos. No es necesario acudir a las recientes revelaciones de los famosos papeles de Wikileaks para corroborar la impunidad con la que el Estado de Israel cuenta en los diferentes foros internacionales.

No obstante la gravedad de lo anterior, el objeto de estas líneas se centrará en la unilateralidad con la que Israel pretende dominar el proceso de paz. En declaraciones oficiales, el Gobierno israelí ha venido desgranando en los últimos tiempos sus exigencias para el futuro del proceso de paz. En ellas se establecen condiciones para la formación de un futuro Estado palestino, condiciones inaceptables que confirman, una vez más, el desprecio más absoluto de dicho Gobierno hacia el Derecho Internacional. En primer lugar, porque es un sujeto que no tiene legitimidad para imponer tales condiciones (sólo Naciones Unidas podría establecerlas); y, en segundo, porque de ser aceptadas disolverían hasta hacerlo irreconocible el contenido del derecho de la población palestina a la autodeterminación política y a fundar su propio Estado (derecho reconocido por Naciones Unidas hace ya muchos años).

La primera condición es que tanto la población palestina como la propia comunidad internacional acepten el carácter judío del Estado de Israel. Establecida de forma unilateral, esta exigencia se presenta ahora como un requisito para el éxito de la fórmula de los dos Estados. Si no se cumple (alegan los dirigentes israelíes), esta solución carecerá de lógica, de manera que se cerrará una vez más toda posibilidad para la existencia de un Estado palestino. Mediante este proceder, el Gobierno israelí ensaya una táctica que ya le dio sus frutos en el pasado: fijar el marco de la negociación y lograr que sus parámetros excedan de lo dispuesto por el Derecho Internacional.

Sabido es que el título de legalidad del Estado de Israel es el mismo que el del Estado palestino: el Plan de Partición, adoptado por Naciones Unidas en 1947. Entonces, la existencia de dos Estados soberanos, cuyos ciudadanos puedan convivir en paz y con seguridad, es el objetivo de los planes de paz trazados a lo largo de todos estos años. Una vez alcanzado este, la configuración interna de cada Estado será decisión libre de su ciudadanía. En ello consiste la soberanía. Serían las y los ciudadanos israelíes (judíos y no judíos) quienes decidirían los parámetros que conforman su sociedad; del mismo modo que serían las y los palestinos (musulmanes o no) quienes hiciesen lo propio. La diferencia estriba en que, mientras los israelíes pueden hacerlo, los palestinos no, ya que el ejercicio de su derecho a la autodeterminación tropieza una y otra vez con el mismo escollo: la negativa israelí a retirarse de los territorios ocupados ilegalmente desde 1967 y a desmantelar los asentamientos construidos sobre tierra palestina.

Más allá del territorio

También es de sobra conocido que la cuestión palestina no es sólo territorial. La resolución de este conflicto requiere solventar la dramática situación de los casi cinco millones de refugiadas y refugiados palestinos, expulsados de sus hogares y tierras en ejecución de lo que fue, en palabras del historiador israelí Ilan Pappé, una operación de limpieza étnica. En este terreno, resulta contraria a la normativa internacional la propuesta lanzada por el actual Gobierno israelí, que reclama para la población refugiada una solución fuera de las fronteras de Israel, sin aclarar cuál sea esta y despreciando, una vez más, la resolución de Naciones Unidas de 1948, que reconoce el derecho de los refugiados a volver a los lugares de los que fueron expulsados.

La exigencia del reconocimiento de la naturaleza judía del Estado de Israel pretende realmente frenar el fantasma demográfico que tanto parece asustar a sus dirigentes, un temor que no se debe al retorno de los refugiados sino al aumento de ciudadanos israelíes de raza árabe. Consolidar jurídicamente el carácter judío de dicho Estado podrá hacerse siempre y cuando sus ciudadanos así lo deseen, pero sin que ello suponga dar carta de naturaleza a la discriminación por razones étnicas, religiosas o raciales. Cada vez son más las voces que denuncian una política de discriminación sistemática hacia la población árabe israelí, a quien en no pocas ocasiones se considera ciudadanos y ciudadanas de segunda clase.

Como dato baste citar la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel (2003), que prohíbe por razones de seguridad la reagrupación familiar de las y los ciudadanos israelíes de raza árabe casados con personas palestinas de los Territorios Ocupados. La gravedad de la medida se muestra en toda su crudeza cuando se compara con la norma que reconoce la reagrupación familiar de los ciudadanos israelíes.

Tampoco contribuyen a la igualdad las ventajas para la inmigración judía o las recientes iniciativas legislativas dirigidas, por un lado, a imponer penas de prisión a quienes nieguen el carácter judío del Estado o a quienes conmemoren la Nakba (término con el que las y los palestinos hacen referencia a la expulsión en 1948 de sus tierras y hogares); y, por otro, a exigir una declaración de lealtad al Estado “judío, sionista y democrático” para los parlamentarios e incluso para quienes soliciten la ciudadanía israelí [nº 45 de la Revista Pueblos, enero de 2010.

Fotografías de Sandra Barrilaro y Alfonso Sánchez Ramírez.

Notas

[1] Esto último no afecta a las personas judías, dado que éstas obtienen la nacionalidad automáticamente al llegar a Israel.

[2] Informe elaborado por el jurista sudafricano Richard Goldstone en el que se acusa a las fuerzas israelíes de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad de forma deliberada y consciente durante la Operación Plomo Fundido (diciembre de 2008 y enero de 2009). Fue aprobado en octubre de 2010 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

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