En Cáceres el día 18 de diciembre se dio una charla informativa sobre las actuales movilizaciones de la sociedad griega. Como apoyo a esta lucha el día 20, jornada mundial de solidaridad con Grecia, nos concentramos unas dieciséis personas en la plaza de Sta. María.

Allí desplegamos unas pancartas de solidaridad con Grecia y con los detenidos en los actos de Madrid y Barcelona, gritando consignas tales como “Libertad detenidos”, “Policía asesina” y “Abajo los muros de las prisiones”.

A los pocos minutos apareció una pareja de policías nacionales, que de una forma agresiva nos pidió la documentación, que facilitamos sin negativa. Ellos se negaron a darnos su número de placa así como explicaciones del motivo de la identificación. Fué entonces cuando comenzó una discusión y la Policía pidió refuerzos. Identificaron a once personas y mientras comprobaban los datos nos amenazaron con frases como “hoy vais a acabar muy mal” y “no sabéis con quien estáis hablando”, al cabo de una media hora nos devolvieron la documentación y continuamos la protesta por el centro de Cáceres.

A mediados de enero, nos llegaron denuncias a seis de los presentes en la concentración, en las que se nos acusaba de una falta por “desórdenes públicos”, concretamente por “desobediencia y falta de respeto a la autoridad”.

El juicio tuvo lugar el 16 de febrero. La Fiscalía trató de demostrar nuestra culpabilidad argumentando que los gritos de “policía asesina” iban dirigidos a la policía española y no a la griega, por lo que tendrían carácter ofensivo, y que nos negamos a identificarnos, porque según la policía pasaron veinte minutos hasta que accedimos a ello.

En nuestras declaraciones dejamos bien claro que en ningún momento nos negamos a la identificación (transcurrirían unos cinco minutos como máximo), de hecho fué la policía la que no se identificó. Por otro lado, declaramos que los gritos de “policía asesina” iban dirigidos a la policía griega (que efectivamente ha matado a un joven), siendo prueba de ello las octavillas alusivas al tema, que estábamos repartiendo y las fotos en las que se pueden ver nuestras pancartas. El juez en ningún momento nos prestó excesiva atención (tal vez porque como dice el informe policial, nuestra indumentaria nos delata como “ultraizquierdistas”) y esto lo confirma la sentencia del veinte de febrero, en la que el Magistrado da por bueno el relato de los hechos de la policía, incluso manifiesta que nos impondría una pena mayor si la petición de la Fiscalía no le limitara.

En resumen, se nos sentencia a pagar seis multas. Una de 300€ para el presunto “cabecilla del grupo” (¡!) y cinco de 200€, es decir, 1.300€ a los que hay que añadir los costes judiciales. Disponemos de una semana de plazo para presentar el recurso.

Estos hechos, más allá de la injusta pena que recae sobre los implicados, supone un flagrante y alarmante ataque a la libertad de expresión y del uso social de la calle, ataque que no es a nosotros, si no a toda la sociedad.

Somos conscientes de que esta sentencia tiene por objetivo asustarnos para que no volvamos a tomar parte en ningún acto de solidaridad y apoyo. Tiene por objetivo limitar la libertad de expresión a tres o cuatro opiniones oficiales, castigando aquellas atípicas y/o “peligrosas”. Persigue también hacer de la calle un lugar solamente de tránsito o compras, acabando con su función de lugar de encuentro y disfrute, donde poder expresar opiniones o realizar actividades políticas, artísticas o de otro tipo.

Consideramos esto, ya que el que nos atañe no es un hecho aislado, sino que últimamente asistimos a una serie de cambios (nuevas leyes, ordenanzas ciudadanas, cámaras de vídeo-vigilancia, violencia policial…) que nos prohíben a la gente derechos naturales tan básicos como jugar o cantar, protestar o disentir, en definitiva, hacer uso de lo que es de todos, la calle.

Llamamos por tanto a los colectivos de Cáceres y a sus gentes en general, a solidarizarse con nosotros en los actos que puedan organizarse desde ahora y a defender sus derechos a la libertad de expresión, de movimiento y de intimidad frente a los ataques del poder político y económico.

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